Algunos opinan que el proceso judicial contra Ángel Martínez ha sido exageradamente mediatizado, al punto de parecer un intento de desviar la atención de otros temas más graves, como el reciente caso de los fallecidos en la discoteca Jet Set. En este último hecho, a pesar de la pérdida de vidas, el propietario del establecimiento aún no ha sido sometido a la justicia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la equidad del sistema.
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Mientras tanto, Ángel Martínez fue arrestado el pasado domingo en un hotel del Distrito Nacional, tras no acudir a una citación de la Fiscalía de Santiago. Está acusado de difamación e injuria contra el ciudadano Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, y enfrenta varios procesos similares en el Distrito Nacional.
La jueza Yiberty Polanco Herrand, del Distrito Judicial de Santiago, le impuso como medidas de coerción la presentación periódica, impedimento de salida del país y la colocación de un grillete electrónico.
Según el fiscal Elvin Ventura, el Ministerio Público basa su acusación en la presunta violación de los artículos 16, 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penalizan la difamación, injuria y el chantaje por medios electrónicos, así como los artículos 307 y 400 del Código Penal, referentes a amenazas y chantaje.
A esto se suman otros procesos judiciales en su contra en el Distrito Nacional, donde también se le han impuesto medidas restrictivas similares.
La atención pública y mediática que ha recibido este caso contrasta con el aparente silencio en torno a otros asuntos de mayor impacto social, lo que ha despertado sospechas sobre posibles intereses detrás del tratamiento del expediente contra Martínez.
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