- Críticas al nuevo Código Procesal Penal en RD: razones del rechazo ciudadano
El rechazo al nuevo Código Procesal Penal en República Dominicana: causas y percepciones ciudadanas
En la República Dominicana, la propuesta de reforma al Código Procesal Penal (CPP) ha desatado un intenso debate público. Diversos sectores sociales, académicos y jurídicos han manifestado su inconformidad ante una legislación que, en su opinión, representa un retroceso en la lucha contra la criminalidad y la búsqueda de una justicia efectiva.
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Preocupación por un posible clima de impunidad
Una de las principales críticas dirigidas al nuevo CPP es la percepción de que flexibiliza excesivamente los procesos penales. Las modificaciones relacionadas con la prisión preventiva, la exclusión de pruebas obtenidas de manera informal y el fortalecimiento de mecanismos como la suspensión condicional del procedimiento han sido interpretadas por la opinión pública como medidas que favorecen la impunidad, en detrimento de la seguridad ciudadana.
Falta de consulta y legitimidad social
Otro de los puntos señalados es la limitada socialización del proyecto. Numerosos actores sociales consideran que el proceso de revisión del código ha carecido de transparencia y participación inclusiva. La ausencia de consultas amplias con organizaciones de la sociedad civil, expertos en derecho penal, víctimas de delitos y otros sectores clave ha generado una sensación de desconfianza hacia la intención real de la reforma.
Desconexión con la realidad delictiva del país
En un contexto donde la población dominicana enfrenta altos niveles de delincuencia, corrupción y violencia organizada, el nuevo CPP parece no responder adecuadamente a las demandas de mayor firmeza y eficacia en el combate al crimen. La ciudadanía exige un sistema de justicia que proteja a las víctimas y garantice consecuencias proporcionales para quienes infringen la ley.
El rechazo al nuevo Código Procesal Penal no se basa únicamente en argumentos jurídicos, sino en una profunda preocupación por el rumbo de la justicia penal en el país. La falta de participación ciudadana en su formulación, las posibles concesiones a favor de los imputados, y su aparente desconexión con la realidad social dominicana explican por qué amplios sectores no han respaldado esta reforma. Para lograr una justicia confiable y legítima, es fundamental que cualquier cambio legal surja del consenso y esté alineado con el interés colectivo.
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